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La Iglesia en los medios Estado salvadoreño continúa encarcelando a mujeres por aborto

LA REPÚBLICA |

EN 14 AÑOS, 147 MUJERES FUERON PROCESADAS

La condena a 30 años de cárcel impuesta a Evelyn Hernández por la interrupción de un embarazo producto de una violación, deja de nuevo al descubierto la persecución que sufren muchas mujeres en El Salvador, por parte de un Estado que en lugar de brindarles asistencia médica, las criminaliza.

“Siento vergüenza, en pleno siglo XXI esto no debería estar pasando, esto tiene un trasfondo más nefasto, se trata de un estado sexista, machista, misógino, que lo demuestra con este tipo de acciones en contra de las mujeres”, afirmó la activista Irma Estrada, luego de corear consignas alusivas a cómo la legislación en temas de aborto se ha visto influenciada por radicalismos religiosos de variados credos. “Tu doctrina, sácala de mi vagina”, gritaban las mujeres congregadas al pie del monumento a la Constitución en San Salvador.
El Salvador está entre los ocho Estados del mundo que prohíben el aborto, incluso en los casos de violación, cuando está en riesgo la vida de la mujer o hay malformación fetal, desde que en 1998 la Asamblea Legislativa modificó el Código Penal para eliminar esas tres causales y castigar con cárcel a las mujeres por la interrupción del embarazo. Los otros son El Vaticano, Haití, Honduras, Malta, Nicaragua, República Dominicana y Suriname, pero ninguno  es tan draconiano como El Salvador en la aplicación de la ley contra el derecho a decidir de las mujeres, incluso cuando existen claros indicios de que el aborto fue espontáneo.
En 1999 fue reformada la propia Constitución salvadoreña, para establecer que una persona es reconocida como tal desde el mismo momento de la concepción, un objetivo anhelado por grupos religiosos y organizaciones antiaborto.
“En El Salvador hay línea muy conservadora (en el tema de aborto), incluso dentro de los partidos: aún hay diputados cuya propuesta es aumentar las penas e imponer pena de muerte”, sostuvo la integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, Sara García. Esa situación no ha variado pese a que desde 2009 gobierna el país un partido de izquierda, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aunque algunas de sus diputadas  han planteado flexibilizar la penalización absoluta del aborto.

30 años de prisión
Evelyn Hernández, una joven de 19 años, fue condenada a 30 años de prisión por homicidio, figura  usada por los fiscales para inculpar a mujeres acusadas de aborto y que luego cambian el delito a homicidio agravado, bajo la acusación de haber asesinado premeditadamente al feto. Las penas por interrumpir el embarazo no sobrepasan los ocho años de cárcel, pero al culparlas del delito de homicidio agravado se ha sentenciado a mujeres hasta a 40 años.
“Estamos hablando de un sistema que criminaliza a las mujeres y no a cualquier mujer, sino a mujeres pobres, jóvenes, con poco acceso a educación o a servicios de salud”, aseguró a la coordinadora de proyectos del Movimiento de Mujeres Jóvenes Feministas Ameyalli, Marcela López.
Como ha sucedido ya a muchas otras mujeres, Hernández sufrió un aborto espontaneo en su vivienda, en el municipio rural de El Carmen, en el central departamento de Cuscatlán, y fue llevada al hospital de Cojutepeque, su capital. Allí el personal médico la denunció por sospechas de haberse inducido un aborto, un patrón que se ha repetido en casos similares en el pasado, pues los médicos y enfermeras temen de ser acusados de encubrimiento por la Fiscalía General de la República.
La joven había sido violada por un pandillero, pero ese hecho no quedó registrado en el proceso legal porque ella teme represalias de esos grupos criminales, llamados “maras”.
El equipo de abogados que trabaja en el caso de Hernández, con el apoyo de la Agrupación Ciudadana, anunció  que apelarán el fallo de la jueza de Cojutepeque,  Nury Velásquez, haciendo  hincapié en la figura legal de duda razonable, dada la cantidad de evidencia aportada por la defensa que desvirtuaría la posición de los acusadores, ya que los reportes forenses no establecen la causa de la “neumonía aspirativa” que produjo la muerte del feto.

Asilada política por persecución jurídica
Además, en el proceso quedó establecido, con reportes técnicos, que la joven condenada sufría de un embarazo asintomático y estaba menstruando, lo que confirmaría la posición de los abogados defensores de que ella no sabía que estaba embarazada.

En tanto, otra  mujer que sufrió el extremo rigor del sistema jurídico, María Teresa Rivera, contó a IPS que salir de El Salvador significó para el ella el fin del temor a ser perseguida por leyes injustas. “Aquí me siento feliz, libre, sin persecución ni discriminación, estoy lejos de El Salvador”, dijo en un contacto telefónico desde Suecia, país que en marzo pasado le otorgó asilo político. “Me lo dieron bajo la figura de persecución jurídica”, agregó desde la ciudad de Horndal, donde reside con su hijo de 12 años desde hace ocho meses.

El 24 de noviembre del 2011, cuando tenía 28 años, Rivera sufrió un aborto espontáneo,  fue denunciada por el personal médico y condenada a 40 años de cárcel. Tras cuatro años y medio de encierro, su caso se revisó y finalmente fue encontrada inocente y puesta en libertad, en mayo del 2016. Pero dos semanas después los fiscales interpusieron una apelación. “Yo me decía: en cualquier momento me van a llevar de nuevo a la cárcel”, narró. Con el apoyo de organizaciones y amigos, logró huir del país. (IPS)

Del hospital a la cárcel

Una actualización hecha en 2014 del informe titulado Del Hospital a la Cárcel, elaborado por Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, revela que entre el 2000 y 2014 un total de 147 mujeres fueron procesadas por el sistema judicial salvadoreño por ese tipo de casos. De ese total fueron condenadas 41%.

El reporte agrega que la investigación no pudo identificar otros posibles impactos, como por ejemplo las muertes de mujeres por embarazos de alto riesgo, tales como ectópicos, cardiopatías graves, cáncer, lupus, que pudieron ser evitadas con una interrupción oportuna del embarazo.

Las mujeres procesadas por el sistema, agrega el documento, tienen un nivel de escolaridad muy bajo: 45% son analfabetas o tienen como máximo educación primaria, y solo 29% posee estudios a nivel de bachillerato, técnico o universitario.

La alegría duró un día

Tras horas de tenso debate y más de dos años de tramitación, el Senado chileno aprobó despenalizar el aborto en caso de riesgo de vida para la madre, violación e inviabilidad del feto, dejando al proyecto impulsado por la presidenta Michelle Bachelet a un paso de convertirse en ley. El articulado pasó inmediatamente a la Cámara de Diputados, donde podría lograr su sanción y quitar a Chile de una ínfima lista de países que no permiten el aborto en ningún caso.

Pero sorpresivamente Marcelo Chávez,  diputado de la Democracia Cristiana, se abstuvo y restó un voto a los 67 que se necesitaban para aprobar el artículo relacionado con las menores de 14 años que no tengan representante legal o teniéndolo no cuenten con su apoyo para abortar. De paso, Chávez se pronunció también contra las tres causales antedichas.

El proyecto pasa ahora a la Comisión Mixta, lo que Bachelet quería evitar, porque retraza la revisión del Tribunal Constitucional, donde la derecha de Chile Vamos presentará dos requerimientos para frenar su promulgación.