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La Iglesia en los medios Errada premura sobre laicidad [Opinión]

EL OBSERVADOR |
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No es novedad la magra eficiencia operativa del Consejo de Enseñanza Secundaria (CES), como lo evidenció la confusa renuncia forzada de Celsa Puente a su jefatura por denunciadas desavenencias internas en la estructura educativa pública. No menos grave, aunque sin tanta repercusión pública, ha sido el caso de la directora de un liceo de Salto en torno a una presunta violación de la laicidad. A tal punto se deriva sin rumbo en esta instancia, que a nueve meses desde que se le iniciara un sumario y se la separara del cargo por una denuncia de una legisladora oficialista el CES sigue sin llegar a una decisión debido a la inconsistencia de los cargos contra la docente.

El embrollo en que se envolvió el CES es consecuencia de la ignorancia sobre laicidad, que muchos confunden con anticlericalismo, especialmente cuando se la aplica a centros de estudio del sistema público. La laicidad conlleva la libertad de actos y opiniones divergentes sobre temas de importancia y solo se transgrede si se quebrantan normas legales o se intenta incidir en forma indebida en la formación de estudiantes o personas adultas, así sea en cuestiones religiosas, políticas o de otra índole. Ciertamente se viola si un dirigente político va a un liceo a hacer propaganda partidaria, como ha ocurrido en el pasado.

Pero no existe violación cuando un grupo de madres da una charla en un liceo sobre el tema del aborto, como expresión de una opinión pertinente sobre la educación sexual de los jóvenes, área que el gobierno ha oficializado con programas que han sido fundadamente cuestionados desde muchos sectores. El caso empezó en junio del año pasado, cuando la diputada del MPP Manuela Mutti denunció ante el CES la charla que dio un grupo de madres en un liceo salteño sobre el aborto. El CES sumarió de inmediato a la directora de ese centro, retirándola del cargo y reteniéndole la mitad de su sueldo. En su descuidada premura dejó de lado el informe preliminar de la instructora del caso, que concluyó que no había existido infracción al hablar del aborto en un centro educativo público. El CES dio más tarde una parcial marcha atrás y hasta hoy sigue sin definir el tema.

El grupo de madres afirmó en un comunicado que, contrariamente a lo denunciado por la diputada Mutti, la charla no fue contra el aborto y no planteó una posición sobre el tema. El texto señaló que se dijo a los estudiantes “que la interrupción voluntaria del embarazo estaba contemplada en la ley y era, por tanto, una opción válida legalmente para quienes quisiesen interrumpir un embarazo”. Destacó, en cambio, que fue motivada por la preocupación que genera la escasa información que tienen los niños y adolescentes sobre su vida sexual, no siempre encarada en forma equilibrada por los programas oficiales.

El CES ha recurrido a explicaciones poco convincentes sobre su demora en definirse en un caso que en el que la directora suspendida puede accionar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para resguardar sus derechos y resarcir el daño económico y moral sufrido. Al margen del notorio traspié del CES, responsable del sector más deteriorado de la educación pública, lo que queda en claro es que el concepto de laicidad sigue siendo utilizado en forma errada y con apresuramiento por personas que deberían conocerlo mejor y que se consideran la policía del pensamiento políticamente correcto en lugar de hacer respetar la ley.