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La Iglesia en los medios En eventual referéndum derogatorio, colectivos a favor de la despenalización del aborto apoyarán ley aprobada y agrupaciones pro-vida se abstendrán de votar

EL ESPECTADOR |

El Senado aprobó ayer el proyecto de ley que despenaliza el aborto cuando la mujer que lo realiza cumple con una serie de requisitos. Ahora que está a punto de convertirse en ley, ¿qué posiciones asumirán las organizaciones sociales que han estado a favor y en contra de la despenalización? En diálogo con En Perspectiva, la vocera de la Coordinadora por el Aborto Legal, Tania Ramírez, dijo que si bien tienen reparos con el proyecto aprobado por los plazos y condicionantes que esgrime, en caso de que se habilite un referéndum para derogar la ley la respaldarán en las urnas porque implica “un avance” y “abre un camino” para seguir buscando una ley más amplia. Por su parte, Gabriela López, vocera de los centros, agrupaciones y movimientos pro-vida del Uruguay, criticó al proyecto aprobado por no dar alternativas “reales” a la mujer que quiere realizarse un aborto y aseguró que le pedirán al presidente José Mujica “que reflexione” sobre la posibilidad de vetar la ley. Afirmó también que en caso de referéndum las organizaciones pro-vida se abstendrán de manifestarse por considerar que “la vida humana no va a votación”.

En eventual referéndum derogatorio, colectivos a favor de la despenalización del aborto apoyarán ley aprobada y agrupaciones pro-vida se abstendrán de votar

 

EMILIANO COTELO:

El Parlamento tomó ayer una decisión histórica: el Senado ratificó el proyecto de ley proveniente de la Cámara de Diputados que despenaliza el aborto siempre que la mujer que lo solicita cumpla con determinados requisitos.

Esta es la segunda vez en los últimos cuatro años que el Poder Legislativo aprueba una ley de este tipo. Ya lo había hecho en 2008, al sancionar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, pero Tabaré Vázquez, entonces presidente de la República, vetó los artículos de aquella norma que contenían la despenalización del aborto, por lo que esa posibilidad en aquel momento se frustró. Ahora, en cambio, se sabe que el presidente José Mujica no hará uso del derecho a veto, ya que él mismo lo anunció hace meses. Por lo tanto, ahora se espera que en estos días la ley se promulgue y entre en vigor; va a entrar en vigor un mes después, plazo durante el cual –según el propio texto– el Gobierno debe reglamentarla.

¿Qué dice exactamente el texto? Lo primero que hay que aclarar es que esta no es una ley que legaliza el aborto, sino que lo “despenaliza” para los casos en los que la mujer que quiera realizárselo cumpla con un determinado procedimiento que ahora se crea. Esta puntualización es importante porque el aborto seguirá siendo un delito, lo nuevo es que la mujer que pide que efectuárselo no será penada por la Justicia si recorre los requisitos que en la ley se introducen.

¿Y cuáles son esos requisitos? Para empezar, el aborto debe ocurrir antes de las 12 primeras semanas de gravidez. Después de ese plazo, no quedará comprendido por la despenalización. El artículo 3 estipula el procedimiento que deberá seguir una mujer para que el aborto que pretende realizarse no sea castigado penalmente: antes de las 12 semanas, “la mujer deberá acudir a consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, a efectos de poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares, o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso”.

El médico que la reciba dispondrá “para el mismo día o para el inmediato siguiente”, la consulta con un equipo interdisciplinario que “estará integrado al menos por tres profesionales, de los cuales uno deberá ser médico ginecólogo, otro deberá tener especialización en el área de la salud psíquica y el restante en el área social”. Ese equipo interdisciplinario, “actuando conjuntamente, deberá informar a la mujer de lo establecido en esta ley, de las características de la interrupción del embarazo y de los riesgos inherentes a esta práctica”. Asimismo le informará “sobre las alternativas al aborto provocado incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción”.

La ley también destaca que, en particular, “el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo, y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable”. Y a continuación agrega: “A partir de la reunión con el equipo interdisciplinario, la mujer dispondrá de un período de reflexión mínimo de 5 (cinco) días”, transcurrido el cual, si ella “ratificara su voluntad de interrumpir su embarazo ante el médico ginecólogo tratante, se coordinará de inmediato el procedimiento, que en atención a la evidencia científica disponible, se oriente a la disminución de riesgos y daños”.

Por otro lado, se establece que “todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud tendrán la obligación de cumplir con lo preceptuado en la presente ley”. Sin embargo, se habilita a aquellas mutualistas o sanatorios que tengan “objeciones de ideario” a “acordar” con el Ministerio de Salud Pública “la forma en que sus usuarias accederán a tales procedimientos”. Y en cuanto a los profesionales, se dispone que “los médicos ginecólogos y el personal de salud que tengan objeciones de conciencia para intervenir” en estos procedimientos “deberán hacerlo saber a las autoridades de las instituciones a las que pertenecen”, y de ese modo quedarán exceptuados de realizarlos.

Como ustedes saben, este es un proyecto de ley que divide a la sociedad uruguaya, a tal punto que corta de manera horizontal a los partidos políticos. En el Parlamento todos los partidos tuvieron representantes a favor y en contra de esta norma. Y con ese telón de fondo ha habido una importante movilización social, con grupos que se manifestaron de diferente modo durante el trámite legislativo, intentando hacer pesar sus opiniones.

Hoy, que ya se aprobó el proyecto, ¿qué dicen esas organizaciones? ¿Cómo miran el futuro? ¿De qué manera participarán en el debate cuando se inicie la campaña de recolección de firmas para convocar a un referéndum revocatorio de esta ley?

Vamos a conversarlo esta mañana con representares de las coordinadoras que se han mostrado más activas.

En primer lugar, el diálogo es con Tania Ramírez, vocera de la Coordinadora por el Aborto Legal e integrante de la organización Mizangas, Mujeres Afrodescendientes.

Una primera pregunta y una aclaración: si bien ustedes han estado de acuerdo, en general, con las distintas iniciativas que buscaban despenalizar el aborto, con esta ley que ahora se aprobó después de las negociaciones que hubo en Diputados entre el Frente Amplio y el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, con este texto tenían algunos reparos, ¿no?

Sí, como coordinadora en principio no estábamos de acuerdo con esta ley por algunos detalles que tú mencionabas, que tienen que ver con estos plazos que se imponen. Hacemos además una lectura que es que no se despenaliza propiamente el aborto, sino que se establecen algunas condiciones para que la interrupción voluntaria del embarazo de una de una mujer se dé dentro de un marco determinado. Tú describías lo que tiene que ver con el equipo interdisciplinario, estos plazos de cinco días para pensarlo, pasar por esa entrevista, y ese es uno de los puntos principales por los cuales no estamos de acuerdo con esa ley.

EC – ¿Qué es lo negativo que ustedes ven en esas disposiciones?

TR – Se plantea ir a una policlínica de Salud Sexual y Reproductiva y asesorarse. Para nosotras eso es importante y de hecho ya se está haciendo en el país después de la ley [de Salud Sexual y Reproductiva] que se aprobó hace unos años, pero esta ley prevé que las mujeres tengan que pasar por un equipo interdisciplinario. Entendemos que eso no vela el derecho a interrumpir el embarazo por las mujeres. Tener que pasar por un equipo ya es un proceso bastante engorroso, pero después tener que esperar un plazo de cinco días para ver si está segura o no de interrumpir ese embarazo nos parece que también violenta la decisión de las mujeres.

EC – ¿Ustedes pretendían que se despenalizara el aborto sin condicionamientos?

TR – Exacto, sin condicionamientos. Se habla de despenalización del aborto, pero de hecho según esta ley después de las 12 semanas y si no se siguen los establecimientos establecidos, pasa a ser penalizado. Entonces no es una despenalización real del aborto.

EC – Con esos reparos al proyecto, ¿qué balance hacen ahora que salió?

TR – De todas formas entendemos que es un avance, porque termina con el circuito clandestino. Nos pone bastantes desafíos por delante que tienen que ver con darle seguimiento para verificar el cumplimiento y con informar a todas las mujeres que el aborto en ciertas condiciones ahora es legal y asesorarlas sobre todo en lo que tiene que ver con el proceso desde la sociedad civil.

EC – ¿Creen que se podrá implementar efectivamente este procedimiento? Porque he escuchado voces escépticas de estas organizaciones.

TR – Exacto, al ser tan engorroso el procedimiento no creemos que se cumpla con todo. Además también hay que capacitar a esos equipos interdisciplinarios. Esta ley tiene una tendencia a intentar que las mujeres no interrumpan su embarazo voluntariamente, en esto de que se deja un plazo para pensar, se pasa por un equipo interdisciplinario que la asesora más allá de los riesgos que puede haber y de los estudios que se tiene que hacer, y todo el procedimiento por el cual tiene que pasar para interrumpir un embarazo en condiciones de sanidad para no tener riesgo de vida ni de salud.

EC – Es notorio que el diputado Iván Posada introdujo algunas de estas disposiciones sobre todo con la idea de que la decisión de abortar no fuera un acto reflejo, un acto sin reflexión de por medio. Se procura que la mujer se tome su tiempo, baje la pelota al piso y sea totalmente consciente de los riesgos, de los pros, de los contras, antes de efectivamente abortar. Hay un condicionamiento.

TR – Creo que en una despenalización del aborto real esos procesos podrían haber estado previstos de todas formas. Es más, están previstos ahora por la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. En la policlínica de Salud Sexual y Reproductiva del Pereira Rossell ya se asesora a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo. Lamentablemente esas mujeres lo hacen en situación de clandestinidad. O sea que decir que las mujeres tienen que tener un tiempo determinado para que no sea un acto impulsivo es una falta de respeto hacia ellas, a su poder de decisión sobre su propio cuerpo y su proyecto de vida.

EC – Entonces, teniendo en cuenta estas objeciones y el escepticismo a propósito de la capacidad para implementar en la práctica todo este protocolo, ¿qué van a hacer ustedes de ahora en adelante?

TR – La idea de las organizaciones es promover y hacer un seguimiento y monitoreo para que se cumplan los requisitos establecidos por la ley, para que no sean obstáculo para que una mujer pueda interrumpir voluntariamente su embarazo de manera libre.

EC – Mi pregunta apuntaba a saber si también van a seguir bregando por una ley más amplia.

TR – Sí. Si bien hasta el año 2020 no vamos a tener oportunidad de presentar otro proyecto de ley que despenalice el aborto realmente, la idea es seguir poniendo fuerza. La ley que tenemos ahora de alguna forma es un avance, pero no es la ley que queríamos o que pretendemos.

EC – Está de por medio la posibilidad de un referendo. El diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, y otros legisladores anunciaron que hoy mismo van a poner en marcha una campaña de recolección de firmas para que la ciudadanía termine pronunciándose en las urnas a propósito de esta ley. Del lado de estos legisladores van a intentar derogarla en un referendo. ¿Ustedes qué actitud piensan adoptar ante esa posibilidad?

TR – Eso de repente es adelantarse. Cuando empiece ese proceso haremos una campaña para que la ciudadanía también se exprese. Sabemos que más del 50% de los uruguayos y las uruguayas están a favor de la despenalización del aborto, así que haremos campaña de incidencia política para que en el caso de que salga el referendo por esta ley, la ciudadanía pueda expresarse y eso se traduzca en lo que sería esa nueva decisión.

EC – ¿Y van a llamar a votar a favor de la ley, a favor del mantenimiento de esta ley, en caso de que la consulta se concrete?

TR – Es un tema, es un poco tramposo, pero sí, eso está por verse.

EC – Teniendo en cuenta que ustedes tienen diferencias con la ley, ¿la van a respaldar en las urnas?

TR – Sí, creo que sí, porque de alguna forma esa ley nos abre un camino. Es un paso más en el proceso. Aunque no es la ley que queremos, p referimos que las mujeres no se encuentren en situación de clandestinidad o entiendan que el aborto está penalizado cuando quieran interrumpir su embarazo.

EC – ¿Se van a movilizar de manera activa a propósito de la posibilidad de una consulta, o será algo accesorio en el plan de movilizaciones de ustedes?

TR – Sinceramente eso aún no está conversado a nivel de la coordinadora. Pero sí, utilizaremos las estrategias de incidencia política que se den en su momento.

***

EC – Siguen llegando mensajes de los oyentes a propósito de este tema. ¿Cuáles podemos elegir?

ROMINA ANDRIOLI: Roberto nos escribe: “Ahora tenemos que abocarnos a perfeccionar la ley de salud reproductiva. Una idea, ya que se crea una comisión de expertos para aconsejar a las mujeres que ya están decididas a abortar, ¿por qué no se crean comisiones para informar a todas las mujeres embarazadas sobre las consecuencias de un embarazo no querido? No estoy diciendo que se haga propaganda a favor del aborto, pero que se informe sí, principalmente a las adolescentes embarazadas, de las consecuencias sociales, económicas y sobre todo psicológicas de tener un hijo no querido”.

EC – Y después están los que preguntan a propósito de qué papel les corresponde a los hombres en este asunto: “¿Qué derechos tenemos los hombres para determinar lo que deben hacer las mujeres? Qué pedantería”.

RA – Alfredo de Juan Lacaze dice: “Más vale que la mujer tome la determinación antes y no después de quedar embarazada”.

EC – Recién uno de nuestros oyentes se cuestionaba desde el lado masculino la participación de los hombres en este debate, pero hay otros enfoques.

RA – Juliana de Goes va en sentido contrario. Dice: “Me parece fundamental involucrar a los hombres en esta decisión. El aborto es casi siempre sinónimo de soledad”.

EC – Después hay oyentes que dicen que “una vez aprobada esta ley lo que va a ocurrir es que no va a aumentar el número de abortos, va a disminuir el número de mujeres que mueren por hacerse un aborto”. Ese es el pronóstico que hace Mariana de Malvín.

RA – Otro que también va por el lado de qué tan involucrado tiene que estar el hombre dice: “Pregunta: ¿no tiene un padre ese óvulo fecundado? Nunca escucho hablar de eso”.

***

EC – Mientras tanto, ¿qué dicen quienes han estado en contra?

Se lo preguntamos a Gabriela López, vocera de los centros, agrupaciones y movimientos pro-vida del Uruguay. La doctora López es odontóloga.

Los grupos que usted representa se han opuesto siempre a cualquier iniciativa que despenalizara el aborto, y lo han hecho también en este caso. ¿Qué pasa? ¿Ustedes consideran que el aborto es un delito que debe ser reprimido, tal como está establecido hoy en el Código Penal? ¿Esa es la posición?

GABRIELA LÓPEZ:

Vamos a empezar por el principio: ¿qué es el aborto? Si el aborto fuera algo tan positivo, no le pondrían el título o la carátula de “interrupción voluntaria del embarazo”. Hasta los legisladores que votaron a favor dicen que están en contra del aborto, lo cual es un poco ilógico. Entonces, ¿qué es el aborto?, ¿por qué no se lo puede nombrar tal cual es? Porque el aborto, lamentablemente, es matar a un bebé que viene en camino dentro del vientre de su madre en cualquiera de las etapas en que se encuentre, desde inmediatamente después del momento de la fecundación hasta los nueve meses, a las 40 semanas, cuando se supone que debería nacer.

El Pacto de San José de Costa Rica, que es vinculante para Uruguay, reconoce que existe un ser humano que es persona desde el momento de la concepción. Entonces lo que nosotros no compartimos es que un grupo de seres humanos determinemos que otro grupo de seres humanos merecen la muerte. Eso es lo que no compartimos, y no vamos a compartir nunca, porque en la medida en que un grupo de seres humanos por mayoría determinen que otro grupo de seres humanos no merece vivir es una sociedad que entra en decadencia.

EC – Pero el aborto existe, el aborto se realiza. ¿Ustedes entonces entienden que en caso de que haya una intervención de ese tipo la mujer debe ser castigada penalmente?

GL – Vamos a bajarlo a tierra, vamos a bajar esta pelota a Uruguay. Tenemos una ley que contempla esas situaciones, que es bastante excluyente de pena, acá hace siglos que no se condena a una mujer porque se realizó un aborto.

EC – Siglos no, ha habido casos, y también ha habido casos de procesamiento de profesionales que intervinieron en abortos.

GL – Qué bueno, porque el profesional sí sabe lo que está haciendo, y el profesional está lucrando con eso. Qué bueno que haya habido un profesional procesado porque a veces está aprovechando la situación de vulnerabilidad de esa mujer o de esa pareja para lucrar. Entonces me alegra que haya ido preso. Y de hecho, algunas organizaciones hemos trabajado en eso, en años anteriores se han cerrado –usted es periodista y lo tiene que recordar– varias clínicas. Un año se cerraron ocho clínicas clandestinas, nosotros abogamos mucho por el cierre de las clínicas. Porque además, el aborto, por más que sea legal, siempre es un procedimiento de riesgo, porque va en contra de lo que el cuerpo de la madre está haciendo constantemente, que es tratando de conservar a su hijo. Entonces siempre son procedimientos de riesgo, por lo cual en estas clínicas, muy bien montadas, ginecológicas, etcétera, ha habido también muertes de mujeres, con toda la tecnología y lo que puede brindar hoy en día la ciencia para que se haga un aborto supuestamente en condiciones sanitarias óptimas.

EC – Ahora que el texto fue aprobado por el Parlamento, ¿qué tienen previsto hacer ustedes? ¿Van a tratar, por ejemplo, de que el presidente Mujica vete el proyecto? ¿Qué margen de acción les queda?

GL – Lo primero que vamos a hacer es pedirle al presidente Mujica que reflexione. Él nos pidió a todo el pueblo uruguayo que reflexionáramos sobre el valor de la vida, sobre el valor del respeto, sobre el valor de la convivencia, por un mes. Y por ser nuestro presidente, atendimos su petición, hemos reflexionado. Y nosotros no le pedimos un mes, le pedimos 10 días, que reflexione 10 días. Pero además le pedimos otra cosa, que sea coherente con todo lo que ha dicho anteriormente. Porque da la coincidencia de que cada vez que se promovía el proyecto de aborto dentro del Parlamento, nuestro señor presidente hablaba de que había que apoyar a las madres embarazadas, de que él estaba a favor de la vida, de que somos un país envejecido (y de hecho lo somos), de que necesitamos que nazcan gurises.

Entonces le vamos a pedir coherencia. Porque en este país, como él mismo bien lo caracteriza, lo dice claramente, no podemos darnos el lujo de perder uruguayos cuando podría haber otras opciones. Porque hay una cosa en la que discrepo mucho con la participante anterior, pero hay otra en la que concuerdo. Estos cinco días son necesarios, en medicina para hacer un procedimiento invasivo se necesita lo que se llama consentimiento informado, que es explicarle los riesgos al paciente y darle al menos 48 horas para que decide si quiere hacerse el procedimiento invasivo o no, se le da tiempo para pensar, etcétera.

Cinco días para pensar para la mujer. Pero se suponían que en estos cinco días se le iban a dar opciones a la mujer, en el proyecto se decía: “Vamos a darle todas las alternativas para que la mujer piense, recapacite, vea todas las posibilidades que tiene para llevar el embarazo adelante” y en cierta forma para que no aborte. Pero ¿cuáles son hoy las alternativas que le brinda el Estado a esa mujer? A principios de esta semana escuchamos que la ley de maternidad por el tema de los embarazos, la lactancia, etcétera, para igualar los privados a los públicos se tiró para atrás. Ahí no fomentamos la maternidad, porque las mujeres que trabajamos, que estudiamos, que queremos sacar una familia adelante, al menos queremos tener bien a nuestros hijos, por lo menos tener un tiempo madre-hijo cuando nacen, que además es fundamental y está justificado por todos los sociólogos habidos y por haber. Primera cosa.

Segunda cosa, adopción. En este país es más lento que una carreta. O sea, la mujer tiene cinco días para pensar si quiere abortar o no, si mata a su bebé o no, pero si decide no matar a su bebé no tiene la opción de dárselo a un matrimonio, porque la ponen presa, ahí sí la ponen presa, si se lo da a un matrimonio que conoce, que sabe que lo va a tener bien, ahí la ponen presa, es un delito.

EC – Usted propone que el presidente Mujica reflexione a propósito de todo esto.

GL – Por supuesto. Le voy a decir otra cosa que no es menor. Hay un proyecto de ley que está durmiendo en el cajón de una comisión de salud en el Parlamento, que se presentó ya hace tiempo, pasaron más de 90 días. Podrían haber hecho una comisión especial para tratarlo grave y urgente, como hicieron con este tema, pero sin embargo sigue durmiendo, ya es como la bella durmiente. Es un proyecto que apoya a las madres embarazadas. Entonces cuando estamos hablando de que le vamos a dar cinco días a esa mujer para reflexionar, ¿qué opción le vamos a dar si el Estado no le brinda ninguna? ¿Si a las organizaciones que trabajan con madres embarazadas para que tengan apoyo y puedan salir adelante el Estado no las apoya, no les da ni un centésimo?

Entonces, por favor, le pedimos al señor presidente, al señor Mujica, que reflexione, que antes de aprobar esta ley sea coherente con todo lo que ha manifestado, que permita que los legisladores voten el proyecto de apoyo a las madres embarazadas, que voten las licencias por maternidad y paternidad, porque al padre pobre siempre se lo excluye, y algo tuvo que ver con el nacimiento del niño, que lo tomen en cuenta en públicos y en privados. Que se apoye a las organizaciones que trabajan con las madres y que tienen éxito. Iniciativas Sanitarias, que está dentro del proyecto de ley que se votó, tiene un 90% de fracasos en hacer que las mamás tengan a sus bebés. Sin embargo en estas organizaciones es exactamente a la inversa. Entonces ¿qué está pasando?

EC – Ustedes proponen, piden que el presidente Mujica se tome 10 días para reflexionar antes de promulgar la ley.

LG – 10 días para reflexionar, para vetar este proyecto, para impulsar todas las acciones que favorecen la maternidad y la paternidad en Uruguay, y después de que haya puesto en proceso todas esas acciones piense si va a salir un proyecto de aborto o no. Pero que primero vete este proyecto, que le dé opciones reales a la mujer, no que cuando el médico ginecólogo, psicólogo, asistente social le van a dar la opción le digan: “Tenés esta opción para conservar tu embarazo”, y un grillito haga cric-cric, cric-cric.

EC – Y si el presidente después de pensarlo en esos 10 días decide promulgar la ley, ¿qué actitud asumen ustedes?

LG – Primera cosa que vamos a dejar claro: todas las organizaciones, agrupaciones, etcétera, que hemos trabajado hace años –y digo que hemos trabajado porque hemos trabajado con la realidad, con las mujeres que están embarazadas, acompañando personas que tienen secuelas posaborto, comprometidas con la realidad– estamos en desacuerdo con el referendo. Se ha manifestado ya públicamente antes, pero lo queremos hacer nuevamente presente.

EC – Si se pone en marcha una recolección de firmas, ustedes no van a firmar.

LG – Aclaremos esto: si se pone en marcha una recolección de firmas para un referendo, estamos absolutamente en contra, porque tratamos de ser coherentes, aunque no siempre lo logramos, porque como buenos seres humanos de vez en cuando cometemos errores y metemos la pata, pero la realidad es que tratamos de ser coherentes entre lo que decimos y lo que pensamos. Y si decimos que el ser humano no va a votación, el ser humano no va a votación.

EC – Así que ustedes no van a firmar, no van a avalar la realización de una consulta popular sobre este tema.

LG – No vamos a apoyar un referendo. Sí podríamos juntar firmas para manifestarles a los políticos que este 56% que salió en las encuestas está en contra de esta ley que fue votada en Senadores y que esperamos sea vetada por el presidente. Pero para eso, no para un referendo, porque la vida humana no se vota, no va a votación de las mayorías. Imagínese usted, tome a su hijo, póngalo delante de usted y diga: “Voy a hacer una encuesta en la manzana de mi casa a ver si quieren que a mi hijo lo dejen vivir o no lo dejen vivir”. ¿Verdad que sería una idea loca, descabellada?

EC – Pero si llegara a haber una consulta popular, ¿tampoco votarían en esa instancia?

GL – No, no votaríamos.

EC – Se abstendrían.

GL – Nos abstendríamos. Totalmente. Todos los movimientos pro-vida, prácticamente todas las organizaciones. Es más, haríamos campaña para que la gente no vote en un referendo, haríamos campaña en contra, porque consideramos que los derechos humanos no pueden ir a votación. Por lo mismo que le dije: creo que usted, como yo, no pondría a su hijo delante y preguntaría: “A ver, ¿quién quiere que lo mate y quién quiere que no?”. No, esas cosas no se hacen.

***

Transcripción: María Lila Ltaif