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La Iglesia en los medios En Buenos Aires suspendieron primer aborto carente de pena

EL OBSERVADOR |

Polémica. Presentaron un recurso de amparo que lo detuvo y reavivó el debate

Cuando llegó la orden judicial había una concentración en el hospital

Las tensiones entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires afloraron ayer nuevamente en Argentina, esta vez a raíz de una medida judicial porteña que impidió que se realizara un aborto según estaba previsto por la Corte Suprema.

Ayer era el día en que iba a abortar una mujer de 32 años que había sido violada durante su secuestro por una red de trata de personas. Mauricio Macri, jefe del gobierno de la ciudad, había confirmado que se realizaría.

La gente se congregó a las afueras del hospital público Ramos Mejía, donde se iba a hacer el aborto, para manifestarse a favor o en contra. Pero llegó una orden judicial que dejó el proceso en suspenso.

Fue una respuesta a un recurso de amparo presentado por la Asociación Civil Pro Familia. La resolución judicial estableció que la mujer no podrá hacerse el aborto en ningún hospital público de la ciudad y dispuso que “las autoridades sanitarias provean a la madre del niño de la adecuada asistencia para resguardar su salud e integridad física y psíquica”, según comentó el abogado Pedro Andereggen, de la Asociación Civil Pro Familia.

El abogado afirmó que “el derecho de la vida del niño no puede estar sujeto a la decisión de la madre” y rechazó que se pretendiera “paliar el trauma de la madre con el homicidio del niño. La vida del niño no es menor al dolor de la madre. Ese niño es persona por nacer”, agregó.

Del otro lado, el diputado izquierdista Alejandro Bodart anunció que apelará la medida cautelar, en representación de la madre. Dijo basarse en la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que en marzo señaló que cualquier mujer violada tiene derecho a un aborto no punible sin necesitar una autorización judicial previa.

Esta resolución fue para aclarar un artículo del Código Civil sobre el que no hay consenso. El texto dice: el aborto no es punible -entre otras cosas- “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.

Los que están en contra de esa medida consideran que el Código despenaliza en el caso de violación a una “idiota o demente” pero no en todos los casos, como consigna la sentencia de marzo, que no es una norma jurídica.

El ministro nacional de Salud, Juan Manzur, se despegó de la polémica y dijo que el asunto “es responsabilidad de Macri”. Él “debe definir y hacerse cargo de esta situación”, indicó.

Al margen de todo esto, Buenos Aires aprobó en setiembre una ley más flexible con los requisitos exigidos para abortar pero Macri ya anunció que la vetará. (Basado en AP)