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La Iglesia en los medios Con sabor a poco y nada [Sobre desclasificación de archivos de dictadura]

BRECHA |

Con sabor a poco y nada

La orden del papa Francisco apunta a oxigenar a una Iglesia cuya imagen se cae a pedazos. Los documentos aportados hasta hoy carecen de valor novedoso, pero los organismos de derechos humanos confían en el cruce de datos con los documentos enviados desde Washington para avanzar en el proceso de justicia.

El 25 de octubre la Conferencia Episcopal Argentina (Cea) decidió sumarse a la ola de mea culpa que incluye al Vaticano y al Departamento de Estado estadounidense, y anunció la desclasificación de algunos documentos que conserva en sus archivos desde los años de la última dictadura militar.

Monseñor José María Arancedo, titular de la Comisión Ejecutiva de la Cea, aseguró en nombre de los obispos: “No tenemos miedo a los archivos, porque la verdad siempre ilumina aunque duela”. Sin embargo los documentos desclasificados serán puestos a disposición de los familiares de las personas desaparecidas, de los sobrevivientes del genocidio y de los superiores de las órdenes religiosas, en el caso de sacerdotes y monjas víctimas de persecución. La restricción de acceso y consulta a tan pocas personas, según Arancedo, se debe a que se trata de “documentación sensible”. Sin embargo desde los organismos de derechos humanos no sólo celebraron la noticia sino que advirtieron que todo material documental vinculado a la represión ilegal, incluso los casos particulares, llegará a los estrados judiciales donde se tramitan las causas por delitos de lesa humanidad desde 2004.

A escasos dos meses del anuncio no hay novedades sobre los documentos ni fecha cierta para poder consultarlos. “Lo que hubo hasta ahora es una decisión de abrir los archivos para consultas puntuales y con un criterio sumamente restrictivo. A esa decisión le falta todavía el protocolo de acceso puntualmente detallado para que los familiares de las víctimas sepan qué pueden solicitar y quiénes serán sus interlocutores”, señala a Brecha el abogado Alan Iud, de Abuelas de Plaza de Mayo.

El periodista Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), apenas se conoció la noticia publicó en el diario Página 12una columna en la que relata su experiencia de trabajo en los archivos de la Cea para su libro Doble juego. La Argentina católica y militar(Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2007). En esa nota publica las respuestas de los obispos Raúl Primatesta y Carlos Galán, dignatarios de la Cea durante la dictadura, a los reclamos de religiosos de diferentes países europeos que pedían un compromiso mayor de la Iglesia argentina en esos años. Ambos obispos negaban la represión ilegal, la existencia de desaparecidos y alertaban sobre “la infiltración subversiva y marxista” en Argentina, y Verbitsky se pregunta si esos documentos verán la luz tras el anuncio episcopal. La claridad de Arancedo no deja lugar a dudas.

“Hasta ahora hubo tres casos en los que la Iglesia habilitó documentos solicitados por la justicia federal, pero fue entre 2013 y 2014, antes de estos anuncios hechos en octubre pasado”, confirma Iud. El juez Daniel Rafecas pidió documentación para incluir en la causa del Primer Cuerpo de Ejército, puntualmente en los hechos en que se investiga el centro de detención de Campo de Mayo. El juez Marcelo Bailacque, de la ciudad de Rosario, solicitó informes sobre la muerte del obispo Carlos Ponce de León, fallecido en un accidente de tránsito fraguado en julio de 1977, y la justicia riojana pidió información sobre el asesinato de monseñor Enrique Angelelli, ocurrido en agosto de 1976.

De los ocho sacerdotes procesados en los juicios retomados en 2004, la condena a Christian von Wernich es emblemática, y en esos casos “el papa fue claro: colaborar con la justicia es el único camino, y toda la documentación que exista será entregada a los juzgados que la soliciten”, señalan allegados a la Cea.

LA LARGA MANO DE FRANCISCO. Desde que fue electo papa, el 13 de marzo de 2013, Jorge Bergoglio decidió implementar nuevas estrategias para salvar la ropa de la Iglesia, acusada de complicidad en desfalcos financieros, encubrir abusos sexuales de sacerdotes en varios países del mundo por ser cómplice de otros tantos regímenes dictatoriales. En Argentina el propio Bergoglio debió declarar en el juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada bajo la sospecha de haber entregado a los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics a las fuerzas represivas.

Como titular de la Iglesia argentina en pleno kirchnerismo, sin embargo, tuvo acciones que lo despegaron del oscuro papel jugado por sus pares durante la dictadura. Fue en 2005 cuando decidió iniciar la revisión de los documentos existentes en los archivos eclesiales sobre los años de la dictadura, y ordenó su clasificación y digitalización progresiva. En 2006 encabezó las ceremonias en memoria del asesinado obispo Angelelli, reclamó justicia para él y constituyó a la Iglesia local como querellante en el juicio que condenó a los autores intelectuales de su asesinato. Anualmente participaba de los actos de conmemoración del asesinato del sacerdote Carlos Mugica a manos de la Triple A en 1974, en la villa de Retiro.

Apenas aterrizó en el Vaticano llamó al rabino Abraham Skorka, con quien compartió un programa de televisión semanal en Buenos Aires, para que en 2014 se hiciera cargo de la revisión de los documentos vaticanos sobre el rol del papa Pío XII durante el nazismo. Nombró en Buenos Aires a su sucesor, Mario Poli, hoy vicepresidente de la Cea, un hombre moderado con espíritu aperturista y distante de la historia de aquellos años de plomo. Los organismos de derechos humanos también pidieron a Francisco la apertura de los archivos, y tras entrevistarse con Hebe de Bonafini (Asociación Madres de Plaza de Mayo), Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo) y Lita Boitano (Familiares de Detenidos y Desaparecidos), el papa confirmó la apertura simultánea de documentación en Argentina y el Vaticano. El gesto más claro fue el saludo a los familiares de desaparecidos argentinos –en la Plaza de San Pedro, el 24 de marzo pasado– cuando se cumplieron 40 años del golpe militar.

Pero dentro de la Cea no todos piensan como Francisco. Su enemigo principal es el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, sucesor en esa diócesis de Carlos Galán, el obispo que negaba el genocidio en plena dictadura. Aguer nunca ocultó sus contactos con empresarios y su mentalidad conservadora. En la interna eclesial compitió con Bergoglio y mantuvo posiciones duras en el seno de las reuniones de obispos. Su derrota llegó el 13 de marzo de 2013 cuando Bergoglio se convirtió en Francisco y asumió el papado.

Pero si Aguer quedó con el poder territorial en Argentina, el flamante papa dejó a sus escuderos. Monseñor Mario Poli ocupó el cargo de arzobispo porteño y vicepresidente de la Cea, marcándole el paso al presidente de la conferencia, José María Arancedo, un hombre de centro, heredero de las triquiñuelas del obispo Antonio Quarracino, amigo de Carlos Menem. Arancedo aparece como el último dinosaurio cuya tarea es maquillar la cara de la Iglesia en tiempos revueltos. El capítulo de la dictadura es uno de los frentes abiertos.

Laicos cercanos a la Cea admitieron a Brecha que “la actual conducción de la Iglesia no puede desentenderse de las acciones de los obispos que actuaron durante la dictadura, pero tampoco puede condenarlos y hacer un corte. La idea es buscar la forma de pedir perdón mostrando los documentos de manera equilibrada, los que indican las acciones en favor de personas detenidas y aquellos que señalan conductas individuales que pueden ser cuestionables”.

Juan Carlos Aramburu, Raúl Primatesta, Carlos Galán, Victorio Bonamín, Octavio Derisi, Antonio Plaza, Emilio Graselli, Adolfo Tortolo y el entonces nuncio apostólico del Vaticano, Pío Laghi, son los obispos más cercanos a los dictadores que asaltaron el poder en 1976. Emitieron documentos –como los publicados por Verbitsky– defendiendo el accionar del gobierno militar y formaron parte de la conducción de la Iglesia, con lo cual resulta compleja la situación de los actuales jerarcas católicos para emitir una opinión tajante.

“Están en el filo de una navaja porque así son las instituciones”, graficó a Brecha uno de los laicos cercanos al actual arzobispo porteño Mario Poli. “Pío Laghi jugaba al tenis con el almirante Massera, y Primatesta y Aramburu se reunían periódicamente con Videla y Viola, es muy difícil sacarse ese lastre de encima”, decía Hebe de Bonafini sobre el papel que le toca hoy al papa Francisco, tras reunirse con él.

DICTADORES DEL CONO SUR. Francisco también apunta a desclasificar documentos sobre la dictadura uruguaya (1973-1985). Desde la Cea, y pese al hermetismo que siempre rodea las internas eclesiales, confirmaron a Brecha que Bergoglio siguió con atención el rol de la Iglesia uruguaya en la Comisión para la Paz creada en 2000 por el presidente Jorge Batlle y en la que estaban incluidos el sacerdote Luis Pérez Aguirre, jesuita como Bergoglio, y el obispo montevideano Nicolás Cotugno, con quien Bergoglio mantuvo algunos diálogos sobre el tema.

Quienes dentro de la Cea hacen la apología de Francisco sostienen que siente admiración por el rol de los obispos chilenos durante la dictadura de Augusto Pinochet, en especial por el cardenal Raúl Silva Henríquez, creador de la Vicaría de la Solidaridad, refugio para los perseguidos políticos durante el régimen.

Los obispos Daniel Sturla y Milton Tróccoli aparecen como los interlocutores de la Iglesia uruguaya con el Vaticano en la era Francisco, y en ese sentido los anuncios de apertura de los archivos sobre los años de la dictadura uruguaya corren por ahora la misma suerte que en el caso argentino. “Entendemos que el Vaticano y la Conferencia Episcopal argentina darán a conocer los protocolos de consulta sobre los documentos de manera simultánea. De todos modos, el material que enviaron a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo son copias de cartas que los familiares enviaban a los obispos solicitando datos sobre secuestrados y detenidos, con lo cual no hay novedad, porque las copias de esas cartas ya las tenían guardadas las familias”, señala desencantado Iud.

Si bien aún no hubo anuncios formales desde el Vaticano, voceros argentinos cercanos al papa señalan su disposición a abrir todos los archivos sobre las dictaduras latinoamericanas. En marzo pasado, tras reunirse con un grupo de Madres de Plaza de Mayo, Francisco dio pistas en ese sentido, y el encuentro del 24 de marzo pasado con Cecilia Romero, sobrina del arzobispo de El Salvador Óscar Arnulfo Romero, asesinado por paramilitares el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba misa, también apunta en ese sentido. “Hace falta dar con las personas idóneas en cada caso y en cada país; personas que entiendan del tema y sean confiables”, señaló ambiguamente la misma fuente a Brecha. Lo mismo ocurre con el caso chileno y la dictadura de Pinochet: hay contactos informales para seguir el mismo camino de selección y desclasificación de archivos en poder del Vaticano.

La reciente entrega de documentos desclasificados que hizo el embajador estadounidense Noah Mamet al secretario de Derechos Humanos argentino, Claudio Avruj, el lunes 12, también resulta de interés para los obispos. En varios de los documentos entregados en 1998 y 2002 aparecían nombres de obispos que se habían reunido con diplomáticos de Washington en Buenos Aires y con funcionarios de los gobiernos de Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri. La Cea también analiza esos documentos para chequear su propio archivo, y para seleccionar y evaluar el material a entregar a los familiares.

El proceso de desclasificación goza, por ahora, del crédito de los organismos de derechos humanos y de los juzgados federales donde se tramitan las causas por delitos de lesa humanidad. Pese a la cautela frente a los documentos, quienes trabajan en este tema saben que en muchos casos están frente a la punta de un iceberg. Sólo se trata de saber cómo encontrar aquello que está oculto.