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La Iglesia en los medios Con ley del aborto aprobada, MSP deberá resolver su implementación

EL OBSERVADOR |

Dilemas. Cómo serán las intervenciones, qué fármacos se habilitará y qué pasa después de las 12 semanas

Marcha contra el aborto. M. Zubillaga

PAULA BARQUET TWITTER.COM/PAULABARQUET

Basta con googlear “misoprostol”. Nombres, correos electrónicos y hasta teléfonos celulares de quienes venden el medicamento abortivo en el mercado ilegal uruguayo, están a disposición de quien quiera. Además, ya no hay que ir a las inmediaciones de Tres Cruces o al hospital Pereira Rossell para conseguirlo: los vendedores ofrecen el envío a domicilio.

Con la aprobación de la ley que despenaliza el aborto se abren decenas de interrogantes. Entre ellas, si ese mercado semiclandestino se mantendrá para las mujeres que quieran interrumpir su embarazo luego de las 12 semanas de gestación o que lo quieran hacer por fuera de la ley. En general, quienes celebran la nueva norma entienden que el misoprostol debería ser de venta libre en las farmacias. Los que están en contra pretenden que sean las instituciones de salud las únicas que entreguen el fármaco.

Integrantes de la Sociedad de Ginecotocología del Uruguay (SGU), docentes y ginecólogos del Pereira Rossell (incluido el subsecretario de Salud, Leonel Briozzo), ya iniciaron contactos para reunirse y elaborar una “guía clínica” que defina ese y otros dilemas. Eso formará parte de la reglamentación de la ley, para la cual el Ministerio de Salud Pública (MSP) tiene 30 días de plazo a partir de la promulgación.

“Será una fase compleja”, reconoció Briozzo ayer. En la reglamentación se deberá prever la disponibilidad de recursos humanos para resolver las consultas en los plazos que dispone la ley. Uno de los principales desafíos será asegurar el servicio en los pueblos más alejados del interior, donde a veces cuentan con un médico una vez por semana.

La reglamentación también tendrá que detallar los procedimientos para interrumpir los embarazos.

Francisco Cóppola, expresidente de la SGU, dijo a El Observador que “el mejor método” para abortar durante el primer trimestre de embarazo es la asociación de misoprostol con mesipristone. Este último no se vende en Uruguay actualmente, por lo que el MSP debería autorizarlo.

Al combinar los fármacos se logra una eficacia de hasta 98% en embarazos menores a nueve semanas. A mayor edad gestacional o mayor edad de la mujer, menor eficacia. El proceso demora una semana y se puede hacer en el domicilio.

En embarazos más avanzados el procedimiento indicado es, según Cóppola, el quirúrgico. Actualmente, ante una interrupción espontánea o una paciente que utilizó misoprostol, pero no logró la evacuación del útero, se recurre a la aspiración fetal. Es una intervención que los médicos califican como menor, de rápida recuperación, pero que como toda cirugía conlleva riesgos. En algunos casos hay que realizar un vaciado más tradicional y agresivo, que es el legrado con cureta.

La ginecóloga y docente de bioética, Marie González, planteó a El Observador sus dudas respecto a que las mujeres que deseen abortar estén dispuestas a recorrer todos los pasos que establece la ley. “Las mujeres que abortan no quieren decirlo”, aseguró la especialista.

González cree más probable que muchas se apliquen misoprostol por su cuenta y luego acudan a la emergencia para evacuar eventuales restos del feto y evitar una infección. En ese sentido, considera crucial que el fármaco esté solo disponible en las mutualistas y se controle su venta ilegal.

Briozzo dijo a El Observador hace algunas semanas que aquellas mujeres que planteen ante el sistema de salud su intención de abortar, pero que se les niegue por haber superado las 12 semanas de embarazo, no serán controladas por el MSP. Aunque es probable que incurran en un delito, realizarles un seguimiento sería “ilegal”, sostiene el subsecretario.

Unos US$ 1.000 por aborto

Según cálculos de González, si se sigue el procedimiento que establece la nueva ley, un aborto costará al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) alrededor de US$ 1.000.

Eso incluye una primera consulta con un ginecólogo, el asesoramiento multidisciplinario (con un médico, un psicólogo y un asistente social), una ecografía diagnóstica de embarazo, la aplicación de misoprostol (y quizá mesipristone) y una ecografía posaborto. Si no se logró la evacuación fetal (algo que ocurre con frecuencia), entonces se deben sumar los costos de una aspiración o legrado (en block quirúrgico, con anestesista y fármacos), la internación por 24 o 48 horas, y dos consultas posteriores.

Actualmente la gran mayoría de las interrupciones se realizan con misoprostol. Se precisan como mínimo cuatro dosis: dos se toman por vía oral y las otras dos deben introducirse por vía vaginal hasta el cuello del útero. La dificultad que eso supone hace que muchas veces el aborto fracase. Las cuatro dosis se consiguen en el mercado ilegal a $ 700 y en las farmacias, con receta verde, a $ 500. La caja completa cuesta unos $ 5.000.

De acuerdo a una estimación de hace varios años, en Uruguay se realizan 33 mil abortos anuales. La realidad de otros países que han legalizado la práctica, como España, revela que los abortos representan un tercio de los nacimientos. Eso en Uruguay equivale a unos 15 mil.

Aunque será materia de reglamentación, los especialistas creen que es muy probable que el aborto se integre al SNIS como una prestación obligatoria más de las mutualistas. De hecho la ley ya prevé que todas las instituciones del sistema asegurarán el servicio a sus socias. Sin embargo, eso no significa que los costos vayan a correr enteramente por cuenta de las mutualistas. La ley también establece que será un “acto médico no comercial”, con lo que seguramente las usuarias paguen un tique mínimo y el médico no cobre el acto. El dinero podría salir del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) o del Estado.

Las empresas que se nieguen a hacer abortos, como el Círculo Católico (ver apunte), deberán acordar con otras instituciones para que sus socias accedan al servicio. La ley no obliga a ofrecerlo a los seguros privados, ni a otras instituciones que están por fuera del SNIS (hospitales de Clínicas, Policial o Militar).

Hasta 80% de objeción de conciencia en Europa

En varios países europeos donde la práctica del aborto es legal, los porcentajes de objeción de conciencia de los ginecólogos son altísimos. En Italia, por ejemplo, los objetores son entre el 60% y 70% de los ginecólogos. En Portugal la cifra asciende a 80%. Otros países como España y Canadá también se han encontrado con la dificultad de tener pocos especialistas disponibles para realizar la práctica. Según la ginecóloga Marie González, el principal argumento de los objetores es que el aborto contraviene la definición de acto médico. Más allá de las convicciones ideológicas o morales, es una práctica que “nadie quiere hacer” porque no es “prestigiosa”.

Muchos ginecólogos uruguayos se han puesto de acuerdo en no revelar su postura para no favorecer la “discriminación” de instituciones y pacientes, algo que les preocupa mucho. “No sé si me interesa saber” cuántos están dispuestos a realizar abortos, dijo el presidente de la Sociedad de Ginecotocología (SGU), Gustavo Ferreiro. Para el dirigente, se trata de una “decisión personal” y, en todo caso, aún no se ha discutido en el colectivo. Francisco Cóppola, extitular de la SGU, cree que no va a haber dificultades ya que hay un grupo de ginecólogos que desde hace años viene insistiendo con la legalización. Son los mismos profesionales que fomentaron la ley de salud sexual y reproductiva, que asesora a las mujeres que no quieren tener su hijo.

APUNTE

MSP investiga al Círculo Católico

El presidente de la Junta Nacional de Salud, Luis Gallo, dijo ayer a radio Carve que el Ministerio de Salud Pública investigará si el Círculo Católico obligó a los ginecólogos que trabajan allí a firmar la objeción de conciencia prevista en la ley, ya que recibió “denuncias” de especialistas al respecto. La titular de la mutualista, Cecilia López, advirtió a El País hace unos días que todos los ginecólogos de la institución habían firmado la objeción porque allí “no se realizarán abortos”.