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La Iglesia en los medios Caso de una mujer a la que la Justicia le impidió interrumpir su embarazo reeditó viejos debates sobre el derecho al aborto 

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Ayer, mientras seguía pendiente la decisión de un Tribunal de Apelaciones, la mujer informó al Juzgado que tuvo un aborto espontáneo

El fallo de una jueza de Mercedes que le impidió a una mujer realizar un aborto ante el reclamo de su ex pareja no dejó a nadie indiferente: movimientos feministas, abogados, representantes de la Iglesia, políticos y periodistas se embarcaron en un encendido debate sobre las implicancias de la decisión. La sentencia fue apelada por la mujer, y estaba pendiente que se pronunciara un Tribunal de Apelaciones.

Pero ayer miércoles el caso dio un giro inesperado: la mujer tuvo una interrupción espontánea del embarazo. Según informó a Búsqueda su abogado, Daniel Benavídez, desde que se enteró de la sentencia la mujer concurrió varias veces a la emergencia porque sentía dolores. Ayer en la mañana concurrió por cuarta vez y tuvo una hemorragia, tras la cual los médicos constataron que había tenido un aborto espontáneo, afirmó.

Esa misma mañana el abogado concurrió al Juzgado para presentar los documentos médicos que certifican lo ocurrido. Benavídez afirmó que no tenía conocimiento de la “gravedad” de la salud de su clienta —los análisis médicos constataron que tenía una lesión en el útero— ya que de lo contrario hubiera presentado antes la situación a la Justicia, aseguró.

La semana pasada la jueza de 3º turno de Mercedes, Pura Concepción Book, había hecho lugar a un recurso de amparo presentado por la ex pareja de la mujer, que se oponía a que ella interrumpiera su embarazo. La mujer ya había iniciado en su mutualista los trámites para practicarse un aborto. En la sentencia, divulgada por el portal Uy.press el jueves 23, la jueza argumentó que el niño concebido era una persona y que su derecho a la vida debía ser preservado, y alegó que la mujer no había completado todos los pasos previstos en la Ley Nº 18.987 (de interrupción voluntaria del embarazo) para realizarse un aborto.

La defensa de la mujer negó que no se hubieran realizado los pasos previstos en la ley y apeló la decisión. Ayer miércoles el abogado del hombre, Federico Arregui, presentó la contestación a la apelación, y se preveía que el caso se trasladara rápidamente al Tribunal de Apelaciones. No obstante, el aborto espontáneo ocurrido ayer cambió radicalmente la situación, ya que la batalla para interrumpir el procedimiento dejó de tener sentido.

“Para tratar de generar el mínimo de suspicacias jurídicas, lo primero que hicimos fue pedir todas las certificaciones y el certificado del médico de que no había restos del feto. Todo eso se presentó a la jueza”, dijo el abogado de la mujer. A su juicio, la magistrada debería disponer la clausura del proceso, debido a que, como ya no existe el embarazo, este queda sin objeto.

Benavídez añadió que aunque le gustaría conocer la opinión del Tribunal de Apelaciones sobre el caso, entiende que no correspondería que haya una segunda instancia, aunque no se animó a hacer pronósticos sobre lo que decidirá la jueza por lo “raro” que a su juicio ha sido el caso. “Si era inédito antes, ahora lo es más. Lo que sí podemos estar de acuerdo todos es que no habiendo objeto, no hay por qué seguir el proceso”, afirmó.

“Nosotros nos movimos de forma diligente para que no haya suspicacias. Hay comprobantes científicos. Y no fue una situación sola, fueron varias, comprobadas por diferentes médicos”, añadió.

Por su parte, Arregui dijo a Búsqueda que está “dolido” por la noticia, porque se habían “embarcado en la lucha de que esa criatura pudiera nacer y hoy está muerta”. Dijo que había tomado el caso por una “convicción personal profunda”.

“Si fuera juez o fiscal mandaba a investigar esto, pero ahora está en el resorte del Poder Judicial tomar las medidas que corresponda”, afirmó. “La duda me queda”, añadió. “La semana pasada, cuando se contestó la demanda, ni en la audiencia ni en el recurso de apelación había absolutamente nada, y ahora surge que tiene una lesión en el útero”.

Junto al amparo, el abogado había presentado en el Juzgado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 18.987. Ayer añadió al recurso la consulta de catedráticos de la Facultad de Derecho que apoyaban “su posición jurídica”. Ahora la Suprema Corte de Justicia deberá resolver si da trámite al pedido de inconstitucionalidad, pero podría desestimarlo entendiendo que ya no existe la situación por la que el hombre inició el reclamo.

Ayer al mediodía, antes de que se conociera la noticia del aborto espontáneo, la subsecretaria de Salud, Cristina Lus­temberg, dijo que las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) habían chequeado con la mutualista que los formularios estaban completados correctamente, dentro de los plazos y con la firma de todos los profesionales actuantes. Lustemberg recalcó que se busca “hacer valer una ley vigente” con las “mayores garantías” para la paciente.

Tras enterarse de lo ocurrido ayer, desde el MSP dijeron a Búsqueda que ahora el tema pasa a ser estrictamente judicial.

Conflicto entre derechos.
En su decisión, la jueza Book había dado la razón al hombre, que alegaba que quería tener el hijo y que estaba dispuesto a hacerse cargo de él, y había ordenado a la mujer interrumpir el procedimiento para abortar.

Book argumentó que la Constitución, las leyes internas y los tratados internacionales “protegen el derecho a la vida del concebido”, y que “se define niño a todo ser humano hasta que cumple su mayoría de edad”. Por eso, a su juicio, la continuación del procedimiento “significa un daño violatorio de los derechos de la personalidad, consagrados” en la Constitución, “dado que se lesiona el derecho a la vida del concebido”. La jueza incluso le asignó un defensor de oficio al niño concebido porque considera que es sujeto de derecho.

Pero más allá de esas consideraciones, la jueza se basó fundamentalmente en un aspecto formal para frenar el procedimiento: sostuvo que hubo una “ilegalidad manifiesta” porque no se cumplió con algunos de los requisitos formales establecidos por la Ley 18.987. En particular, dijo que no había constancia de que la mujer expusiera en el servicio de salud las razones para practicarse el aborto.

“Estima humildemente la suscrita que deben controlarse dichos extremos —requisitos— porque si no, la ley sería un pase libre para que se aborten niños entre las primeras doce semanas, solo con pedirlo, y eso no es lo que dice la ley, desde el momento que exige apoyar las carencias que pueden implicar impedimentos para continuar con su embarazo a la mujer, y tutelar la vida”, sostuvo la jueza.

“Ante esa falencia, y en el conflicto entre el derecho a la autodeterminación de la mujer sin razones atendibles que justifiquen el impedimento para continuar el embarazo de acuerdo a lo expuesto en la audiencia, sin prueba de afectación sicológica, valorando la situación concreta con criterio de razonabilidad o proporcionalidad, frente al derecho a la vida del concebido, entiende la suscrita debe primar el derecho a la vida consagrado en nuestro orden jurídico”, concluyó.

Para el abogado de la mujer, la jueza no tiene la “potestad” de controlar el cumplimiento de los pasos previstos en la ley, sino que son los profesionales médicos los que deben hacerlo. “No se puede habilitar que se interrumpan estos protocolos que están determinados legalmente, es una potestad que no tiene la doctora ni ningún juez”, afirmó.

Respecto a la posición de la jueza sobre que el niño concebido es una persona, el abogado dijo que es un tema que en Uruguay “está saldado hace décadas”. Según el Código Civil, se es persona a partir de las 24 horas del nacimiento, afirmó, y no desde el día de la concepción.

Opiniones.
Tras conocerse el fallo, el tema pasó a estar en el centro del debate público, entre quienes celebraban la decisión y quienes la calificaban de “retroceso”.

El cardenal Daniel Sturla dijo que el niño tenía “derecho a nacer”, pero añadió que “es un caso que hay que tratar con sumo respeto y delicadeza”. El diputado blanco Carlos Iafigliola, militante de la organización Pro-Vida, dijo a “El País” que el fallo fue una sorpresa “muy grata” porque es el primero que les da la razón. El también nacionalista Gerardo Amarilla escribió en Twitter: “El derecho a la vida es el primero de los derechos humanos. Celebramos este fallo”. También organizaciones defensoras de los derechos de los padres festejaron la decisión.

Del otro lado, las organizaciones feministas criticaron con dureza la sentencia. “En nuestro país y en la normativa internacional no hay una sola disposición que refiera al derecho del no nacido como sujeto de derecho”, afirmaron en un comunicado varias ONG. “El genitor no tiene ningún derecho en esta situación y por tanto carece de legitimación procesal para solicitar amparo. El concebido no ha nacido viable y vivido 24 horas naturales, por lo que no es persona ni su progenitor ejerce la patria potestad todavía”, argumentaron, y señalaron que la Ley 18.987 “garantiza el derecho de las mujeres a decidir con autonomía”.

La licenciada Andrea Tuana, presidenta de la ONG El Paso e integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, dijo a Búsqueda que la decisión de la jueza tiene que ver con su “posición ideológica” sobre el aborto. “Buscó una chicana legal para fallar de acuerdo a una ideología”, afirmó. “La ley no dice que tiene que haber un juez que garantice si se cumplen los pasos previstos, sino que es responsabilidad del equipo médico. La jueza no aplicó la ley, sino que aplicó su propia ley. Hay una norma, que ha sido controversial, pero aprobada por mayoría del Parlamento. Es muy peligroso para una sociedad que aprueba una legislación, que después no se aplique. No tiene precedentes”.

Asimismo, el ex subsecretario de Salud, Lionel Briozzo, uno de los principales impulsores de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, escribió en Twitter que la jueza había cometido “un error inexcusable: ha hecho prevalecer su concepción religiosa, ideológica y política, sobre la aplicación del derecho”. Afirmó que “ningún juez puede desaplicar una ley, que ha probado beneficio y que no fue declarada inconstitucional, intentando bloquear al equipo de salud”.