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La Iglesia en los medios Abusos en la Iglesia: dan a conocer más de mil denuncias que arrinconan al Vaticano [menciona a Uruguay]

TN |
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El estudio lo hizo una reconocida ONG británica. Cuatro países son los que expusieron más casos: México, Chile, Argentina y Colombia.

Por El País de España.

La Iglesia católica en Latinoamérica es la protagonista de la “tercera oleada” de casos de abusos de menores, tras la primera que se desató en 2002 en los Estados Unidos, y la que siguió en Europa y Oceanía. Esa es la conclusión de la ONG británica Child Rights International Network (CRIN), de referencia en la defensa de los derechos de los niños, en un informe de 70 páginas, consultable en su página web.

Es el primer estudio global del fenómeno en los 18 países de habla hispana del continente, más Brasil, que grafica la situación en número de casos, legislación y respuesta de las instituciones. “El resultado más evidente es establecer la realidad de la escasez de datos, crear un punto de partida para que la Iglesia y los Gobiernos empiecen a investigarlo. Sigue siendo un tabú, hubo menos cobertura de los medios y falta una conversación pública sobre el tema”, resume Víctor Sande-Aneiros, uno de los investigadores.

Cuatro países son la punta de lanza en la ruptura del silencio: México (al menos 550 denuncias), Chile (243), Argentina (129) y Colombia (137). Entre los cuatro suman más de un millar de denuncias. Por el contrario, hay otros donde el problema oficialmente aún no existe, como Cuba, Ecuador, Honduras, y el más llamativo, Brasil, el mayor país católico de la región. En este caso concreto, no obstante, existe una referencia en la que nunca se profundizó: según recuerda el estudio, un informe interno del Vaticano en 2005 calculaba que uno de cada diez sacerdotes brasileños estaba implicado en casos de abusos, es decir, 1700 curas. El informe explica que en estos países no hubo trabajos serios de investigación en los medios, que suele ser el primer paso para que los abusos salgan a la luz.

“La lección que hemos aprendido de los países de todo el mundo es que un largo silencio puede presagiar los mayores escándalos de abusos. La oleada de revelaciones en América Latina sigue creciendo y se espera que los grupos de víctimas en países como Argentina y Chile inspiren a otros lugares de la región para alzar la voz”, determina el informe. La ecuatoriana Sara Oviedo, ex vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y relatora de la Santa Sede en enero del 2014, opina que la investigación «es un esfuerzo significativo para los activistas de toda América Latina, por su información sistematizada y por sus recomendaciones sirve para la estrategia que se está organizando para lograr que la Iglesia católica entregue a la justicia a los abusadores sexuales».

En 2014 CRIN publicó otra investigación sobre abusos en la Iglesia a nivel mundial y ya determinó que América Latina era una de las principales regiones a las que eran enviados los sacerdotes acusados de agresiones desde Norteamérica y Europa. “Además, el número de denuncias era muy bajo en comparación con otros países con poblaciones católicas mucho más pequeñas, entonces quisimos centrarnos en una región donde todavía no se había producido un destape de revelaciones”, explica.

La primera constatación es el secretismo y la falta de transparencia que aún impera. La Argentina, donde empezaron las denuncias en 2017, y Chile, en 2018, son los países de referencia. También, junto con México, es donde las víctimas se organizaron mejor y son más activas. En algunos casos se incorporaron a la red internacional Ending Clerical Abuse (ECA), la organización internacional de denuncia de estos abusos. Chile es el primer país de América Latina donde se pidió una comisión de investigación independiente, siguiendo el modelo de Australia e Irlanda.

En la Argentina hay dos curas que están siendo juzgados, Nicola Corradi y Horacio Corbacho, acusados de abusar de casi una treintena de menores de edad sordos en el instituto Antonio Próvolo, de la provincia de Mendoza. Este caso, uno de los más graves conocidos hasta ahora, aumentó la visibilización del problema, pero no trajo cambios significativos en la Iglesia católica, según la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico. «La Iglesia aparenta preocupación por las víctimas y dictó protocolos de actuación y documentos, pero son medidas que responden al solo objetivo de seguir blindando la institución”, subraya Carlos Lombardi, abogado de la Red, que lleva 40 casos. Aún así, a raíz de condenas como la de los padres Justo José Ilarraz y Juan Escobar Gaviria, sentenciados a 25 años de cárcel en 2018, cada vez son más las víctimas que se atreven a hablar y suelen tardan menos tiempo en denunciar, según Lombardi. “La justicia está dando respuestas”, asegura.

En otros países, como México, Guatemala (12 curas acusados) y Uruguay (44 denuncias que implican a 40 sacerdotes) fue la propia Iglesia quien dio datos, “pero oculta sistemáticamente la identidad de los acusados y no remite los casos a las autoridades civiles”, señala el informe. En respuesta, los jueces de algunos países, como Chile, ordenaron allanamientos policiales a las oficinas de diferentes religiosos para acceder a documentos que pudieran servir como pruebas en procesos judiciales.

En México, la Iglesia inició el año con una sacudida al hacerse pública una nueva denuncia contra un hombre de la institución acusado de abusar de al menos ocho nenes. Esto provocó que se revelara que 157 sacerdotes fueron suspendidos en los últimos nueve años y 101, procesados ante la justicia eclesiástica. «A la Iglesia le interesa mucho cuidar su imagen. El Episcopado saca un número, pero no se sabe nada de ellos, no son localizables», reclama el exsacerdote Alberto Athié, referente en la lucha contra la pederastia clerical en su país.

El informe de CRIN subraya que es necesario poner en marcha órganos de investigación independientes, y pone énfasis en recordar que precisamente en Latinoamérica ya hubo experiencias de entidades de este tipo en comisiones de la verdad para indagar en violaciones de derechos humanos en períodos de dictadura. La ONG BishopAccountability.org explica en el informe que los factores que llevaron a una difusión significativa del escándalo en otras partes del mundo, como las denuncias masivas de víctimas, la investigación por parte de la Fiscalía o comisiones gubernamentales, aún no se pusieron en marcha en América Latina.

Mención aparte merecen los intentos de acallar a la prensa. El dossier menciona el caso del periódico paraguayo La Nación, que en 2016 comenzó a publicar una serie de reportajes sobre cinco sacerdotes católicos de la Argentina trasladados a ese país. Pero la serie se interrumpió después de cuatro días. Más tarde salió a la luz que el nuncio del Vaticano en el país, Eliseo Ariotti, había presionado a los dueños del periódico. Tras esta denuncia, el diario retomó la publicación y ganó un premio periodístico de derechos humanos.

En Perú también hubo mucha repercusión por las acciones del arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselm, contra los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz. En 2015 publicaron Mitad monjes, mitad soldados, un libro sobre abusos dentro del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización católica. En abril de 2019, el arzobispo retiró las querellas contra ambos periodistas, sin embargo, Salinas ya había sido condenado y sentenciado a una pena de prisión de un año y una multa considerable. Ugaz ahora se enfrenta a otro juicio, que la Asociación Nacional de Periodistas de Perú calificó como “hostigamiento fiscal y judicial”.