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Tiempo de la Creación

La Iglesia en los medios Aborto: retrocesos en Perú y República Dominicana

LA REPÚBLICA |

Luego del rechazo por parte de la Comisión de Constitución del Congreso de Perú del proyecto de ley que despenaliza el aborto en casos de violación, y frente a la amenaza de la aprobación de una modificación del Código Penal que lo torna más represivo para las mujeres que abortan, organizaciones no gubernamentales feministas, mujeres y algunos hombres independientes realizaron una acción/performance frente a su sede, enmarcada en la campaña “Dejala Decidir“. La policía atacó al grupo con gas lacrimógeno y carros lanza agua.

Otra acción en el mismo lugar fue organizada por el colectivo Comando Feminista. Mujeres y hombres se pronunciaron contra la violencia patriarcal del Estado peruano. La guardia policial del Poder Legislativo arremetió con violencia sobre las y los participantes.

Aunque la urgencia de las mujeres de a pie esté enfocada en qué hacer para abortar de forma segura, el énfasis de las organizaciones apunta a llevar el tema de la despenalización del aborto a los partidos y candidatos políticos que postularán en las elecciones de 2016.

La Colectiva Mujer y Salud de República Dominicana condenó la reciente decisión del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el Código Penal que permitía a las mujeres acceder a un aborto en casos de excepción. Va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos, afirmó Sergia Galván, vocera de la Colectiva.

“Decisiones como la del Tribunal Constitucional no solo siguen poniendo a las mujeres dominicanas, incluso a aquellas que anhelan ser madres, en la disyuntiva de morir o ir a la cárcel cuando requieran un servicio de salud como el aborto: también hacen que el país haya perdido la oportunidad, abierta por el Ejecutivo y el Legislativo, de situarse a la vanguardia centroamericana en materia de defensa de la vida y la salud de las mujeres“, agregó Galván, haciendo notar que “Declarar inconstitucional este Código Penal devuelve al país al código de 1884, siglo XIX, en el que los mecanismos de protección de los derechos humanos no estaban en vigor, y es claro que no satisface las necesidades de la sociedad actual“.