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La Iglesia en los medios A cuatro años de la despenalización, activistas pro y antiaborto coinciden en que la ley no se aplica tal como fue diseñada 

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Hay una cuestión que une a las organizaciones a favor del aborto con los activistas que militan para prohibirlo: en ambos extremos opinan que la ley que despenalizó la interrupción del embarazo no se está aplicando bien, que tiene fisuras, que debe ser corregida. A cuatro años de su aprobación, la implementación del texto normativo es cuestionada por demasiado “compleja y burocrática”. O porque “no se orienta debidamente” en las consultas pre- aborto y “no garantiza” la contención de las mujeres una vez concretada la interrupción. Pero si existe un punto de encuentro entre movimientos anti y proaborto es que, en los hechos, las mujeres siguen abortando en sus casas, con el único acto médico de la prescripción del medicamento para que el procedimiento se haga en el domicilio.

Carlos Iafigliola, diputado suplente del Partido Nacional y notorio militante antiabortista, señaló que cerca del 95% de las pacientes interrumpen su embarazo ambulatoriamente. Los datos los tiene a raíz de un pedido de informes realizado al Ministerio de Salud Pública (MSP) a fines de 2015. Por ejemplo, según los números oficiales, en 2014 se hicieron 8.132 abortos ambulatorios y solo 353 institucionalizados. “Lo hacen en sus casas, en la más absoluta de las soledades, sin ninguna contención, cuando se sabe muy bien que puede haber complicaciones. La consulta posaborto tampoco se está cumpliendo. Toda la argumentación de que la ley era para contener a la mujer no se está verificando en la realidad”, afirmó.

Lilián Abracinskas, directoria de MYSU (Mujer y Salud en Uruguay) también es crítica con este costado de la implementación de la norma. Para la activista se está siguiendo la misma dinámica que cuando el aborto transitaba por la clandestinidad. “Los médicos intervienen antes y después. Es lo mismo que pasaba previo a la ley con la diferencia de que ahora te prescriben la medicación y te dicen ‘andá y abortá en tu casa y en todo caso después vemos si hubo complicaciones’”. Abracinskas observa esto como una “limitación del derecho” de las mujeres. “Nosotros identificamos que todas estas complejidades terminan siempre jorobándoles la vida a mujeres que ya la tenían complicada antes de la ley”, afirmó. Y cuestionó lo “extremadamente medicalizado” del proceso de interrupción. Dijo que hay un “encarnizamiento” con la medicación como casi la única opción para concretar el aborto. “No podés elegir, así como podés elegir métodos anticonceptivos. No podés decir: ‘A mí no me des la medicación. Yo quiero resolver esto en media hora, haceme una aspiración manual intrauterina’. Casi no tenemos médicos haciendo abortos”.

Abracinskas opinó que todo esto termina afectando a las mujeres con mayor vulnerabilidad. “El tema de la injusticia social, que también estaba en la demanda feminista del cambio legal, no ha sido subsanado. Si vivís en el medio rural o en un pueblo que no tenga el servicio, te tenés que trasladar a la capital departamental ¿Para qué? Si terminás tomando la pastilla en tu casa, ¿para qué me hicieron ir?”. La activista consideró que es “demasiada burocracia para que te vayas sola a abortar a tu casa”.

“Hay un desequilibrio en términos de salud que tiene un componente cuestionador a la decisión de abortar. En el fondo es: ‘¿Seguís decidiendo abortar? Bueno, sabés qué, andá y abortá en tu casa’”, se quejó.

Para Iafigliola, sin embargo, en los servicios no hay ningún cuestionamiento a la decisión de abortar, sino todo lo contrario. Dijo que tiene datos que avalan lo que plantea. “Más del 90% de las que consultan, al final terminan concretando el aborto. Nos genera dudas si se está orientando de verdad a las mujeres”.

El diputado blanco reclamó que “se pongan todas las opciones sobre la mesa. No existe la mirada del Estado que contemple una alternativa de continuar el embarazo”.

Recordó que desde que se autorizó el aborto legal, la tendencia a interrumpir el embarazo no ha hecho más que aumentar. En 2013 hubo 6.787 abortos, 8.487 en 2014 y el año pasado 10.509. Abracinskas atribuye el aumento a una mayor información sobre el servicio, pero apuntó que la legalidad no desbordó los servicios. “Antes casi que decían que las mujeres se iban hacer embarazar para después abortar”, señaló.

Además advirtió que existe un subregistro de casos. Está convencida, aunque no lo puede comprobar, que persiste la clandestinidad a causa de las trabas y obstáculos de la ley.

¿Dónde estamos?
En el marco de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la organización MYSU presentará hoy jueves un libro donde se analiza el proceso legal y político que se tradujo en la despenalización del aborto en Uruguay. La idea era tener una mirada externa, por eso el estudio fue realizado por investigadores de Argentina y Brasil.

A grandes rasgos, el resumen es que la ley actual no es la mejor y que en la práctica hay carencias, falta de recursos humanos, problemas en la organización de los equipos multidisciplinarios, que pueden determinar que el servicio “haga agua”.

“Reconocemos que es mejor a que todo pase por la clandestinidad, pero lo que decimos es que no se subsanaron brechas de injusticia y desigualdad”, señaló Abracinskas, y admitió que no será sencillo generar un nuevo debate en torno al tema.

“Ahora tenés que ser mucho más sofisticado en la argumentación”, reconoció, y señaló que en el imaginario nacional y regional, Uruguay es “fantástico” porque logró la despenalización del aborto. “Entonces si ya se accedió al derecho por qué seguir cuestionando. Hay que pensar estrategias más minuciosas para subsanar estas brechas, porque abrir el debate puede ser para avanzar pero también para retroceder”, agregó.

En el libro se sostiene que el estado legal que alcanzó Uruguay en torno al aborto fue blindado ciudadanamente cuando fracasó una iniciativa para derogar la ley. Pero para Abracinskas las amenazas de retroceso “están a la vuelta de la esquina”. Dijo que la reforma del Código Penal es una y las iniciativas legislativas, con una bancada evangelista para impulsar posicionamientos religiosos, es otra.

Para Iafigliola, el norte de su trabajo es que “algún día se pueda tirar abajo esta ley”. Y está actuando hasta internacionalmente para lograrlo. Ha participado en algunas reuniones de la OEA para exigir que Uruguay respete el Pacto de San José de Costa Rica, que dice en su artículo 4 que se debe proteger y respetar la vida desde la concepción misma.